Juegos Olímpicos de Invierno: El juez instructor de Milán pide la intervención del Tribunal Constitucional ante el decreto gubernamental que "bloquea" la Fundación.

El último frente de conflicto entre el poder judicial y el gobierno de Meloni , tras innumerables casos que van desde el asunto Almasri hasta el puente del estrecho de Messina y el problema migratorio en Albania, involucra el mayor evento deportivo que el país albergará en los próximos meses.

Nos referimos, obviamente, a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. El jueves, Patrizia Nobile , jueza de instrucción de Milán, planteó ante el Tribunal Constitucional la cuestión de la constitucionalidad del decreto emitido en el verano de 2024 mediante el cual el gobierno de Meloni reafirmó la calificación de la Fundación Milán-Cortina, organizadora de los próximos Juegos Olímpicos, como entidad de derecho privado .

Esa medida del gobierno fue, en realidad, una maniobra política para frenar las investigaciones iniciadas por la Fiscalía de Milán sobre la presunta manipulación de licitaciones relacionadas con los Juegos Olímpicos. La investigación se centra en supuestos contratos directos amañados entre 2020 y 2021 a cambio de sobornos por servicios digitales. Entre los principales sospechosos figuran el exdirector ejecutivo de la Fundación, Vincenzo Novari, y el exdirectivo Massimiliano Zuco.

A la espera del fallo del Tribunal Constitucional, la jueza instructora Patrizia Nobile ha suspendido el procedimiento contra los siete acusados. La jueza coincide así con la Fiscalía de Milán: para la Fiscalía, la Fundación Milano-Cortina es un organismo público, no privado , y por lo tanto el Tribunal Constitucional debería anular el decreto, desbloqueando así la investigación.

Esas disposiciones habían sido insertadas por el gobierno en el decreto de "reconstrucción posterior al desastre" del 11 de junio de 2024: según la Fiscalía, no cumplían los requisitos de "necesidad y urgencia" y, sobre todo, no eran "congruentes" con la materia pertinente.

La actuación, primero de la Fiscalía y ahora del juez instructor, ha indignado al presidente de la Región de Lombardía, Attilio Fontana . «Los magistrados intentan socavar una organización que funciona y ofrece excelentes resultados», declaró el gobernador en una entrevista en 7Gold. «Esperamos el resultado de la decisión del Tribunal Supremo, pero creo que toda la conducta cometida conforme a la ley en cuestión no implica delito alguno. La actuación de la Fiscalía también resulta bastante anómala», recalcó Fontana, quien, además, asumió el papel de juez en esta ocasión.